Los ayuntamientos socialistas llevarán a los tribunales el incumplimiento de los convenios de las Bescam por parte del gobierno de Ignacio González

Los ayuntamientos socialistas llevarán a los tribunales el incumplimiento de los convenios de financiación de las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (BESCAM) por parte del gobierno de Ignacio González. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde de Parla, José María Fraile, como portavoz de los primeros ediles socialistas que hoy han acudido a Chinchón, al encuentro del presidente regional y el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, con un centenar de alcaldes cuyos municipios forman parte del Proyecto de Seguridad autonómico.

“Es una forma extraña de celebrar el aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos, con una agresión de este tono y de esta cuantía”, sostenía Fraile, quien denunciaba que el recorte en la financiación de las Bescam aplicado por el Ejecutivo Regional, que asciende a 45 millones de euros (un 50% menos de los acordado) supone una ruptura “unilateral” del convenio por parte de la Comunidad y una agresión clara a los ayuntamientos por “la repercusión y el perjuicio que se va a ocasionar a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudades”. “Por lo tanto, yo creo que nos abocan inexorablemente al camino de la justicia, a recurrir ante la justicia este atropello”.

Además, Fraile criticaba la hipocresía del gobierno regional al anunciar que sumará 21 millones de euros a los 45 inicialmente previstos para este año, puesto que sigue sin cubrirse el 100% de la subvención comprometida por la Comunidad y porque la cantidad que perciba cada Ayuntamiento dependerá de criterios fijados por el consejero Salvador Victoria tras reunirse “a título discrecional con los alcaldes”. “Él decidirá qué nos corresponde a cada uno y entiendo que esta no es la manera de hacer las cosas, porque siempre hay que establecer criterios objetivos colectivos”.

Por tanto, 11 Ayuntamientos gobernados por el PSOE y adscritos a las BESCAM (Parla, Fuenlabrada, Bustarviejo, Villamanta, San Martín de Valdeiglesias, Manzanares el Real, Torrelaguna, Los Santos de la Humosa, Los Molinos, Miraflores y El Boalo) denunciarán por la vía jurídica “esta ruptura unilateral del convenio que nos compromete la prestación de los servicios que damos a nuestros ciudadanos”.

En esa línea se había pronunciado minutos antes el Secretario de Comunicación del Partido Socialista de Madrid y ex alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, quien recordaba que él mismo suscribió el convenio por el que la Comunidad de Madrid aportaría 90 millones al año para hacer frente a la contratación de 2.500 policías en 111 municipios de la región. “No fue un convenio que se estableciese como una ayuda más, sino que se llevó a cabo sabiendo que habría que costear este servicio en un futuro”, aseguraba el dirigente socialista, quien criticaba que los recortes anunciados suponen que el Ejecutivo de Ignacio González “ha incumplido el convenio”.

“¿Por qué no se quiere asumir esta responsabilidad?, ¿por qué se traslada a los ayuntamientos? ¿Qué ha pasado para que el PP cambie y no dé prioridad a la seguridad?… “, se ha preguntado Cascallana, quien ha considerado que se trata de una “decisión política” y no de una cuestión de falta de fondos, ya que en virtud de las cifras de déficit presentadas por la Comunidad de Madrid, sí hay 45 millones para seguir financiando este servicio.

Finalmente, Cascallana ha subrayado que ésta es “una renuncia clara” del Ejecutivo regional “a contribuir a la seguridad de los ayuntamientos” y un “desprecio a la asfixia económica que padecen los ayuntamientos”. Por eso, ha insistido en que la Comunidad de Madrid ha firmado un convenio y debe cumplirlo: “Esto no es el rastro. No se puede firmar un convenio y al día siguiente dejarles con una patata caliente”. [ Fuente: PSM ]